La orden ejecutiva de EE. UU., emitida en 2025, suspendió casi toda la ayuda exterior, afectando programas humanitarios y de desarrollo en varias regiones, incluyendo el norte de África. La eliminación abrupta de fondos ha complicado aún más el acceso a alimentos, agua limpia y servicios de salud, poniendo en riesgo a comunidades vulnerables ya enfrentadas a desafíos graves en la región.
